Nueva ley contra infieles: la persona engañada podría quedarse con todo

En medio del debate social y jurídico, se impulsa una propuesta legislativa polémica conocida popularmente como la “ley contra infieles”, que plantea que la pareja afectada por una infidelidad tenga derecho exclusivo sobre el patrimonio común. Esta iniciativa, que pretende redefinir las consecuencias legales del engaño conyugal, despierta interés, dudas y debates éticos, legales y de equidad.

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¿En qué consiste la iniciativa?

La propuesta gira en torno a un principio: si uno de los cónyuges comete una infidelidad, el otro —denominado “afectado”— tendría derecho a apropiarse de la totalidad de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Ya no habría división ni reparto equitativo, sino una sanción patrimonial directa al cónyuge considerado responsable del engaño.

Entre los elementos centrales de la propuesta se encuentran:

• Clasificación de la infidelidad como causal de pérdida de derechos patrimoniales dentro del régimen matrimonial.

• El reconocimiento legal del daño emocional y moral como base suficiente para validar esa sanción.

• Ejecución automática de la medida en el momento de la disolución del vínculo conyugal, sin necesidad de largos procesos probatorios.

Se impulsa una propuesta legislativa polémica conocida popularmente como la “ley contra infieles”.

Ventajas y críticas que despierta la propuesta

Aspectos favorables percibidos

• Refuerzo del compromiso matrimonial: se busca que el matrimonio no sea solo formalidad, sino un pacto con consecuencias tangibles.

• Protección de la parte “víctima” emocional: se reconoce el perjuicio afectivo y moral como motivo legítimo para demandar indemnización.

• Agilidad en la resolución patrimonial: al eliminar procesos de negociación patrimonial largos, se espera una disolución más expedita.

Críticas y riesgos señalados

• Presunción de culpabilidad: ¿cómo determinaría el sistema quién es “culpable”? Las pruebas de infidelidad pueden ser subjetivas o manipulables.

• Injusticias patrimoniales: podría generarse una desproporción si la pareja “afectada” no participó activamente en la generación del patrimonio.

• Violación de derechos fundamentales: limitar el derecho a la propiedad señala un riesgo constitucional e igualdad ante la ley.

• Abuso y manipulaciones: en casos de denuncias infundadas, podría usarse la ley como mecanismo de presión o venganza.

Retos legales y constitucionales

Para que esta iniciativa prospere, deberá sortear obstáculos complejos como el respeto al derecho de propiedad, el principio de igualdad entre cónyuges y normas constitucionales sobre debido proceso. Cualquier reforma tendría que ser cuidadosamente diseñada para evitar vacíos legales y abusos.

Además, se requeriría:

• Un delineado rígido de qué constituye “infidelidad” y cuáles pruebas son admisibles.

• Mecanismos de defensa adecuados para la parte acusada.

• Salvaguardas que impidan que la medida sea usada como arma legal en divorcios conflictivos.

El reconocimiento legal del daño emocional y moral como base suficiente para validar esa sanción.

¿Qué implicaciones sociales tendría?

Si esta ley llegara a implementarse, podría cambiar radicalmente la percepción del matrimonio. La intimidad y la fidelidad dejarían de ser solo normas sociales: serían factores con consecuencias económicas reales. Asimismo, el miedo a perder patrimonio podría influir en decisiones de reconciliación, separaciones o pactos prenupciales.

Además, su aplicación podría variar ampliamente según el nivel socioeconómico, el acceso a abogados, y el contexto cultural. La desigualdad estructural podría intensificarse si uno de los cónyuges carece de recursos para defenderse.

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